El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una batería de doce medidas para mejorar el acceso a la vivienda. El paquete incluye bonificaciones en el IRPF de hasta el 100% para aquellos propietarios que alquilen su vivienda a los precios marcados por el índice de referencia que el Ministerio de Vivienda lanzó a principios del año pasado. Fuentes del Gobierno reconocen que el diseño de estos incentivos fiscales está todavía por cerrar, ya que se desconoce tanto cuál será su cuantía concreta como los requisitos para poder acogerse a ellos.

No obstante, desde Moncloa apuntan a que la aplicación del índice estatal de referencia de precios del alquiler es un buen punto de partida para el diseño de las bonificaciones fiscales anunciadas por Sánchez. Este instrumento, desarrollado al amparo de la ley de vivienda, ofrece una horquilla de precios para cada piso en función de la zona en la que se ubique y de cuáles sean sus características.

En la mayor parte del país este indicador es meramente informativo, permitiendo a los inquilinos simplemente detectar si están pagando un precio abusivo. Sin embargo, en las localidades declaradas como zonas tensionadas este índice sirve para limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler de viviendas en manos de grandes tenedores, sin que pueda excederse la horquilla marcada por el ministerio -calculada a partir de lo que los vecinos pagan en la zona, según los datos fiscales de los contribuyentes-.

A la espera de conocer la configuración concreta de estas bonificaciones fiscales, desde el Gobierno ponen como ejemplo los incentivos previstos en la ley de vivienda para las zonas tensionadas. En los municipios reconocidos como tal los caseros pueden beneficiarse de una bonificación del 60% en el IRPF en caso de haber realizado en los últimos dos años obras de rehabilitación o mejoran el piso que alquilen, del 70% si arrendan por primera vez un inmueble vacío, si lo alquilan a jóvenes de entre 18 y 35 años o si ceden su gestión a la administración y del 90% si rebajan al menos un 5% el precio del alquiler con respecto al último contrato.

La puesta en marcha de incentivos de este tipo para toda España supondría en la práctica ofrecer ventajas fiscales similares a las previstas para las zonas tensionadas sin necesidad de que un municipio esté reconocido como tal. De este modo, se podrían desplegar los mecanismos de la ley de vivienda -o al menos medidas inspiradas en ellos- a lo largo y ancho del territorio nacional eludiendo la declaración de zonas tensionadas, un paso que corresponde iniciar a las comunidades autónomas y que las regiones del PP se niegan a dar al no considerarlo una solución para atajar el problema de la vivienda. En su lugar, el partido de Feijóo considera que el control de precios conduce a la reducción de la oferta de pisos para alquilar.

Por el momento solo en Cataluña funcionan plenamente las zonas tensionadas, aunque también País Vasco, Navarra y Asturias han iniciado los trámites para ponerlas en marcha. El Gobierno anima al resto de comunidades a que se sumen, convencidos de que este mecanismo trae ventajas tanto para inquilinos como para propietarios. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, fuentes del Ejecutivo calculan que cada casero podría ahorrarse de media 5.600 euros si pudieran acogerse a la bonificación del 90% por rebajar un 5% el precio de los contratos y evidencian que el ahorro sería incluso mayor si las bonificaciones llegaran al 100%, tal y como ha planteado este lunes el presidente del Gobierno.

Desde Moncloa recalcan que el Gobierno es competente para configurar la política fiscal, aunque reconocen que los incentivos planteados requerirán modificar la ley del IRPF y, por tanto, tendrán que pasar por el Congreso de los Diputados. Las mismas fuentes se muestran optimistas para recabar los apoyos necesarios para sacar adelante esta iniciativa y recalcan su intención de iniciar cuanto antes la negociación con el resto de fuerzas políticas.

Pero ya sean una decena o docena de medidas, lo cierto es que Gobierno y oposición coinciden en aspectos fundamentales, como la necesidad de construir más viviendas o incentivar a propietarios para que pongan sus pisos en alquiler. Sin embargo, se mantienen alejados respecto a la regulación de precios, los pisos turísticos o la okupación.

Estas son las similitudes y diferencias de los planes de vivienda presentados por Sánchez y Feijóo con apenas un día de diferencia:

Hay que construir más vivienda pública

Tanto el PSOE como el PP tienen claro que en España hay que construir más viviendas y, especialmente, más viviendas protegidas. Para ello, Feijóo propone poner suelo público a disposición del sector de la construcción para edificar pisos de alquiler a precios tasados, hasta un 30% más baratos que la media del mercado libre. También la aprobación urgente de una nueva ley del suelo para ampliar la oferta.

En la misma línea, Sánchez propone transferir viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda para levantar pisos sociales de alquiler asequible, incorporando también toda la cartera de la Sareb. Esta empresa pública tendrá, además, prioridad a la hora de comprar viviendas y suelos.

Para edificar más rápido, Feijóo aboga por eliminar las trabas burocráticas, lo que permitiría reducir de 9 a 3 meses la tramitación urbanística y acelerar la construcción de viviendas. Sobre este punto, Sánchez ha propuesto un PERTE de la construcción, con sede en Valencia, para fomentar la innovación del sector y la apuesta por la construcción modular, que permite edificar en menos tiempo y a menor coste.

El Gobierno también quiere blindar la vivienda protegida, garantizando por ley que cualquier piso construido por el Estado mantendrá indefinidamente la titularidad pública. El PP hace hincapié en un marco regulatorio más flexible para que más gente pueda acceder a vivienda protegida en propiedad.

Más seguridad para los propietarios

Sánchez y Feijóo coinciden en que hay que dar seguridad jurídica a los propietarios que alquilan sus viviendas. En esa línea, el presidente del Gobierno propone un sistema de garantías públicas que asegure el cobro de la renta a los propietarios que participen en programas de alquiler asequible, una medida que se empezará a aplicar este año a quienes alquilen sus pisos a menores de 35 años.

Feijóo es algo más ambicioso en este punto porque propone la creación de seguros de impago a cargo de las administraciones públicas para proteger a todos los propietarios que saquen al mercado sus viviendas vacías.

El PP quiere acabar con la okupación

Feijóo pone el foco en el problema de la okupación y propone el desbloqueo inmediato de la ley antiokupas para permitir desalojos rápidos en menos de 24 horas. También apuesta por poner a disposición de las víctimas de okupación un servicio de atención y un teléfono de denuncias, así como la creación de un registro de casas okupadas y la conexión permanente con las policías locales. Sánchez, en cambio, no ha hecho referencia al problema de la okupación en ninguna de sus 12 medidas anunciadas.

El Gobierno pone coto a los pisos turísticos

El presidente del Gobierno sigue identificando a los pisos turísticos como parte del problema y propone un endurecimiento de su regulación, así como un incremento de las inspecciones para perseguir el fraude con los alquileres de temporada. También contempla que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como cualquier otra actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística. En el decálogo de Feijóo no se hace referencia a los pisos turísticos.

Rebajas fiscales y fin de las 'golden visa'

Feijóo habla de un "ambicioso plan" para rebajar impuestos a los compradores de viviendas y también a quienes alquilan o arriendan pisos. Ese plan incluye ayudas por la compra de primera vivienda y una rebaja del impuesto de Transmisiones Patrimoniales para dejarlo en el 4% (actualmente oscila entre el 6 y el 10% dependiente de la comunidad autónoma) a los menores de 40 años.

Sánchez ha anunciado exenciones fiscales del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia. Por contra, aboga por reducir las ventajas fiscales de las socimis, condicionando las mismas a la promoción de viviendas en alquiler asequible. Del mismo modo, el Gobierno pone coto a las 'golden visa' incrementando hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los ciudadanos extracomunitarios no residentes en España que quieran comprar una vivienda.

Enfrentados por la regulación de precios

El Gobierno confía en la regulación de precios como medida para abaratar la vivienda. En esa dirección van las exenciones fiscales para los propietarios que respeten el Índice de Precios de Referencia y también la regulación de los alquileres en zonas tensionadas, que ya recoge la nueva ley de vivienda aprobada en 2023 y que Sánchez ha vuelto a defender al presentar sus nuevas medidas. El PP, en cambio, está radicalmente en contra de la regulación de precios y en el decálogo de Feijóo figura la derogación de la nueva ley de vivienda.

Apoyo a la rehabilitación de viviendas

Tanto el Gobierno como la oposición contemplan ayudas para la rehabilitación de viviendas. El PP habla de hacer un mayor esfuerzo "en ciudades con mayor presión de la demanda" y el Ejecutivo condiciona esas ayudas a que los propietarios pongan el piso reformado en alquiler asequible durante al menos 5 años.

Ayudas públicas para acceder a una vivienda

El PP propone ampliar de los 35 a los 40 años la edad para poder acceder a los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permiten cubrir el 100% del precio de la primera vivienda. Es decir, permite a los jóvenes hipotecarse por el 100% del valor del inmueble, cuando los bancos no conceden préstamos más allá del 80%.

En las medidas anunciadas por Sánchez figura "aumentar los programas de ayuda hoy vigentes", sin entrar en detalles, pero prestando especial atención "a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas".

Así, a medida que la causa por revelación de secretos se estrecha en torno a García Ortiz (al menos según sostiene el instructor que la dirige), el fiscal general está también pendiente de la posibilidad de perder el cargo y, con él, el aforamiento. APIF, la asociación que recurrió su nombramiento, es la misma que está personada como acusación popular en la causa en la que se investiga si García Ortiz es responsable de la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El juez estrecha el cerco en torno al fiscal general

Este lunes por la mañana, Ángel Hurtado acordó citar a declarar como investigados a García Ortiz, a la mano derecha de este, el teniente fiscal Diego Villafañe, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. En un auto de casi catorce folios, Hurtado sostiene que "hay una base indiciaria para presumir la relevante participación" del fiscal general en la filtración de los datos del novio de Ayuso, Alberto González Amador. Y considera que los tres imputados, "de manera coordinada, se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano".

El magistrado apuntó a que el fiscal general pudo estar tras una noticia que publicó eldiario.es el 12 de marzo en la que se revelaba que González Amador defraudó más de 350.000 euros a Hacienda. Y también pudo estar tras la revelación de los correos electrónicos intercambiados entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal encargado de investigarle, Julián Salto.

Sobre esta última filtración, Hurtado subraya que García Ortiz "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales". Una situación que sólo se entiende "desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos". En el escrito, el instructor pone de relieve "las prisas" que tuvo García Ortiz a la hora de obtener la información que acabó filtrándose en la noche del 13 de marzo de 2024.

Pero además, el instructor indica en su auto que el correo electrónico filtrado tuvo "salida" de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde dice que se hicieron "gestiones" para que acabara publicado.

El auto de Ángel Hurtado, en definitiva, deja pocas esperanzas para la estrategia procesal del fiscal general del Estado. Fue la defensa de García Ortiz quien pidió llamar a declarar al jefe de gabinete de Ayuso y a varios periodistas para tratar de exculpar al fiscal general. Sin embargo, el juez no considera que estas testificales que se produjeron la semana pasada pongan a García Ortiz en esa situación.

A este respecto, el magistrado señala que "es cierto que dos de los testigos han mantenido haber tenido conocimiento del correo del 2 de febrero de 2024 con anterioridad, pero se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios que niega que así hubiera sido".

Frente a estos testimonios, prosigue el auto, hay "elementos objetivos que apuntan a que sólo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero es cuando tiene lugar su difusión". En definitiva, el instructor señala que aunque los periodistas que publicaron la información aseguran que disponían de ella antes de que la obtuviera el propio fiscal general, la publicaron una vez García Ortiz la tenía en sus manos, "lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".

El nombramiento, a debate en el Supremo

Álvaro García Ortiz se ha visto envuelto en esta situación tras los hechos del pasado marzo de 2024 hasta convertirse en el primer fiscal general imputado desde que comenzó la democracia. Pero antes de que ocurriera todo esto ya estaba inmerso en algunas situaciones complicadas: en diciembre de 2023, el Gobierno decidió renovarle en el cargo, pero lo hizo en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le consideró "no idóneo" para ser fiscal general.

¿Qué llevó al CGPJ a hacer esta consideración, cuando años antes había aceptado el nombramiento de García Ortiz? En el camino, el Tribunal Supremo había dado dos importantes varapalos al fiscal general, anulando los ascensos de la ex fiscal general Dolores Delgado, ejecutados por el Gobierno a propuesta de García Ortiz.

García Ortiz propuso a la que fue su jefa, Dolores Delgado, primero para fiscal de Sala togada del Tribunal Supremo y después para fiscal de Sala de Memoria Democrática, un cargo de nueva creación. En ambas ocasiones, la propuesta del fiscal general se hizo contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal. Y la Sala Tercera del Tribunal Supremo consideró que al hacer la primera propuesta García Ortiz había incurrido en "desviación de poder".

Por eso el CGPJ retiró su confianza en el fiscal general, y por eso la APIF recurrió el nombramiento de García Ortiz tras las elecciones del 23-J. El recurso se deliberará precisamente en la misma sección que acusó al fiscal general de "desviación de poder", y el ponente del asunto es José Luis Requero, tal y como adelantó El Periódico y ha confirmado 20minutos.

"Contra este atropello democrático y este intento de impunidad con nombres y apellidos por la posible comisión de delitos vamos a impulsar todas las iniciativas que están a nuestro alcance: de orden político, institucional y social", señaló este lunes el portavoz Borja Sémper quien avanzó que su partido ocupará gran parte de su tiempo en evitar "un nuevo clavo más en el ataúd de la igualdad", como cree que lo fue en su día la amnistía.

Por esta razón, fuentes populares plantean llevar a cabo la misma estrategia que emprendieron contra el borrado del procés contra el que presentaron un recurso de inconstitucionalidad y la llevaron hasta Europa generando un debate internacional. También agitaron las calles hasta en cinco ocasiones —en la plaza de Felipe II el 24 de septiembre de 2023, en el Templo de Debod el 3 de diciembre de 2023, protestas multitudinarias por todo el país el 12 de noviembre de ese año; en Plaza de España el 28 de enero de 2024, y en la Puerta de Alcalá el 26 de mayo de 2024—.

A todo ello se sumaron los debates políticos sobre la amnistía: en el Congreso celebraron hasta cuatro jornadas parlamentarias frente a la amnistía con expertos y personalidades de la sociedad civil, mientras en el Senado convocaron la comisión de comunidades autónomas para que todos los presidentes debatieran una moción sobre "convivencia democrática dentro de la Constitución".

Por el momento, en Génova no manejan un calendario dado que todavía cuestionan el apoyo de los socios de Sánchez a esta reforma judicial para limitar la acusación popular dado que tanto Sumar como Junts. Y es que dichas formaciones ya se han mostrado en contra mientras que la asociación mayoritaria de jueces ha pedido a la Unión Europea que intervenga por el "ataque" de Sánchez.

Para el PP, la ley "no solo limitaría la acción popular sino la dignidad de las instituciones" y aún más "grave" es el carácter retroactivo de lo que plantean sin siquiera un debate legal. Esta es la diferencia que marcan con respecto al planteamiento que lanzó en 2017 esta misma formación. El Gobierno de Mariano Rajoy propuso limitar a los partidos políticos para ejercer la acción popular.

"No es lo mismo", defiende el equipo de Feijóo, enfatizando en que el objetivo del expresidente popular "nunca" fue el de proteger a su mujer o a su hermano ni quiso incluir aquellas causas en curso ni llegó a limitar a los partidos políticos. Además, insisten, Rajoy "no lo puso en marcha" cuando obtuvo la mayoría absoluta.

"No quiero decirle a la gente lo que tiene que hacer", ha contestado a una periodista que le preguntaba si está en contra de que el Congreso de los Diputados permita al Supremo que lo impute. "Lo que quiero que quienes tienen que tomar una decisión conozcan el origen de esta causa que es de motivación política".

Las alegaciones, recogidas en un documento de más de 80 folios al que ha tenido acceso 20minutos, denuncian la sucesión de filtraciones de informes de la Guardia Civil que, según Ábalos, se ha producido "con la sola idea de ir construyendo un relato interesado que ofrecer a la opinión pública". Su "desprestigio", explica Ábalos, es un paso en la estrategia de "la derecha y la ultraderecha" para "deslegitimar al Gobierno progresista".

A lo largo del documento, el exministro de Transportes defiende que la investigación que se pretende dirigir contra él es "prospectiva", una "causa general" que no es legal en nuestro país. Por otra parte, Ábalos dice ser víctima de una "investigación sin amparo judicial", al señalar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha violado sus derechos como aforado al intervenir sus comunicaciones. Esta denuncia no obstante, ya la expuso sin éxito ante Leopoldo Puente, el juez instructor del Tribunal Supremo.

Este lunes en el Congreso, el exministro de Transportes ha asegurado que está "completamente convencido" de su inocencia y de la existencia de "una cacería política" en la que él tan solo es un "elemento desechable". "El objetivo es el Gobierno", ha culminado el miembro del Grupo Mixto, confirmando su afán de defender su "inocencia" y sus "derechos como persona y como diputado". De todos modos, nada indica que las alegaciones de Ábalos vayan a cambiar el parecer de una comisión en la que tanto socialistas como populares tienen la determinación de dar luz verde al suplicatorio del Tribunal Supremo.

José Luis Ábalos ha denunciado ante la comisión que la Policía Judicial ha vulnerado sus derechos. "No se puede montar un operativo para interceptar un envío, una documentación que manda un alto cargo del Gobierno a un diputado", ha señalado el exministro, alegando que sin estar aún él imputado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dirigido a investigación contra su persona.

"Ha habido interceptación de correos, de conversaciones, que no se debería haber producido", ha sentenciado en los pasillos del Congreso. Y ha subrayado que el aforamiento del que aún goza "no es un privilegio, sino una garantía". Con todo, José Luis Ábalos ha reconocido que sus alegaciones tienen pocas posibilidades de medrar. "Ya sé la decisión cuál es, ya lo han dicho", ha explicado, haciendo alusión a que el PSOE ha anunciado antes de oír sus alegaciones que votará a favor de cursar el suplicatorio.

De todos modos, ha pedido "un poco de decoro" a la hora de comunicar esa determinación "por respeto a la comisión". "¿Para qué vengo?¿Si hay una decisión tomada para qué me piden alegaciones?", ha expuesto el diputado ante los medios. Ya a la salida de la comisión, Ábalos ha asegurado que sus miembros se han quedado "extrañados" ante "la aportación de evidencias" por su parte. "No se lo esperaban", ha sugerido.

Por este motivo, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha dado a conocer este lunes los resultados de la primera investigación para entender las particularidades de este fenómeno criminal, que en España se conoce por violación en manada.

El estudio ha tomado como muestra los delitos de agresión sexual grupal de ámbito nacional, salvo País Vasco, documentados entre 2013 y 2017: 491 hechos con 1.359 delincuentes y 525 víctimas.

Las agresiones grupales más comunes fueron hechos con dos autores (60,9%), disminuyendo la incidencia de casos a medida que aumentó el tamaño del grupo. De hecho, el 96,5% de los casos se registraron con 5 o menos autores, resultando infrecuente el registro de hechos con 6 o más agresores, aunque se llegó a supuestos con hasta 15 autores.

Las agresiones grupales más comunes fueron con dos autores (60,9%), disminuyendo la incidencia de casos a medida que aumentó el tamaño del grupo

Eso sí, a medida que aumenta el número de autores en una agresión la edad de estos tiende a disminuir y la violencia a incrementarse. Los autores se muestran sorprendidos, además, por la cantidad de agresiones cometidas por 4 a 15 autores que solo tenían una víctima. Se han contabilizado 85 hechos de esta naturaleza (17,3%) "donde la simple desproporción entre el número de autores y de víctimas ya acentúa la vulnerabilidad en la que se encuentran estas víctimas".

El perfil de las víctimas

Analizadas las 525 víctimas, el 92,8% eran mujeres, el 7,1% hombres. En cuanto a la edad, 172 (32,8%) eran menores en el momento de los hechos, por 341 que eran mayores de edad. Se desconocía la edad en el resto (12,3%). La edad media calculada es de 23,4 años.

Las víctimas son en su mayoría españolas (320 casos, 61%), con 203 de extranjeras (38,7%). Reino Unido y Rumanía destacan en la procedencia de victimas extranjeras. Al menos en 27 casos (5,1%) se conocía de manera fehaciente que la víctima tenía algún tipo de trastorno mental o discapacidad.

El perfil de autores

El estudio ha analizado también los perfiles de 1.359 autores de delitos sexuales grupales, hombres en un 97,2%. En cuanto a la edad, 310 (22.8%) eran menores de edad en el momento de los hechos y 678 mayores de edad (49.9%). Pero en 371 casos (27.3%) se desconocía esta información. El estudio revela la juventud de los autores, puesto que en la mayor parte de los casos se concentraron en autores de hasta 20 años. Aproximadamente la tercera parte de los autores de violaciones en grupos de tres o más agresores eran menores de edad.

Por origen, sobre los que se disponía de información, 588 autores (43,3%) eran de procedencia extranjera y 445 españoles (32,7%). Se desconocía la nacionalidad en 326 casos (24%). Entre los países de procedencia de los autores extranjeros destacaron: Marruecos (129 casos; 9.5%); Rumanía (95 casos; 7%); y Ecuador (55 casos; 4%).

Al analizar su origen, entre los menores de edad fueron más comunes los españoles (168 casos; 61.5% frente a los 105 autores extranjeros; 38.5%), mientras que entre los mayores de edad sucede lo contrario (390 autores extranjeros; 62.4% frente a los 235 autores españoles; 37.6%).

Los autores explican que la juventud "influye en la escasa presencia de antecedentes o carreras delictivas amplias". De los autores de los que se disponía de información, 252 presentaban antecedentes (35.8%). Los más comunes eran por delitos violentos (169 autores) y por delitos contra el patrimonio (166 autores). Solo 20 de los autores tenían algún antecedente por delitos de naturaleza sexual.

La relación víctima y autor

Según lo analizado, en el 37.2% de los casos autor y víctima eran conocidos y en el 54.1% desconocidos, no pudiendo acreditarse la relación en un 8.7% de los hechos. Mientras que entre las víctimas mayores de edad eran más desconocidas, las víctimas menores de edad son en su mayoría chicas conocidas por los agresores, revela el informe.

Cuándo y dónde se agrede

Los lugares donde se cometieron las agresiones sexuales, fueron, principalmente, domicilios y hoteles (lugares cerrados) y en la vía pública, destacando 9 casos que se dieron dentro de centros escolares.

Es en verano (32.2%) y primavera (27%) cuando más se agrede de manera grupal. En invierno se registró un 24.8% de este tipo de delitos, siendo el otoño es la estación con menos incidencia (15.6%). El mes con más casos fue julio (13.3%) y el mes con menos casos fue noviembre (5.6%).

Otra constatación del informe es que este tipo de hechos se relacionan con contextos lúdicos y de ocio, principalmente nocturno, por lo que la distribución semanal no es aleatoria. La mayoría de los hechos se concentraron en el fin de semana. Entre sábado y domingo se registró el 37.4% de los hechos. Al incluir el viernes como parte del fin de semana, se registraría el 47.9%, casi la mitad del total de agresiones.

Es más, la franja más común fue la madrugada (00:00-05:59), aunque en fines de semana la mañana (06:00-11:59) tuvo mayor prevalencia, mientras que la tarde (12:00-17:59) y la noche (18:00-23:59) tuvieron más presencia entre semana que en fines de semana.

Tipología de delitos

En las violaciones grupales, el tipo de hecho más común denunciado fue la agresión sexual con violencia y acceso carnal (237 casos; 48.3%), seguido de la agresión sexual con violencia (181 casos; 36.9%) y la agresión sexual con acceso carnal, pero sin violencia (73 casos; 14.9%). Cuando hubo acceso carnal, la más común fue la vaginal (32.9%), seguida de la bucal (17.4%) y de la anal (11%).

En la mayor parte de los delitos analizados víctima o autor habían consumido en el momento de los hechos drogas o alcohol. Relacionado con esto, en un 13.4% de los casos la víctima se encontraba en un estado de indefensión provocado por la ingesta de alguna sustancia, lo que se conoce como sumisión química.

Los autores del informe revelan que solo en un 7.8% de los casos los autores emplearon algún tipo de arma contra una víctima. Eso sí, en un 76.9% de los hechos se empleó algún tipo de violencia, siendo la más común la física (57.3%), seguida de los casos en los que se hizo uso de ambos tipos o maneras de ejercer la violencia, física y verbal (36.8%), siendo el empleo de violencia únicamente verbal el escenario menos común (5.9%).

El estudio 'Violencia sexual ejercida en grupo. Análisis epidemiológico y aspectos criminológicos en España' (PDF) ha sido elaborado por investigadores de la UNED, del Centro de Investigación en Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Pontificia de Comillas, la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Valencia, la Universidad de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. En ella también han participado Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra.

Tras la reunión, Economía y Trabajo se limitaron a emitir sendos comunicados en los que, básicamente, tan solo confirmaron que PSOE y Sumar seguirán negociando. Ambas alas del Gobierno "se emplazan a seguir negociando para tramitar de forma urgente la reducción de la jornada laboral a 37,5h en 2025", afirmó el ministerio que lidera Yolanda Díaz, mientras el de Carlos Cuerpo aseguró que la reducción de la jornada laboral "es una prioridad y un compromiso de Gobierno" y que ambos departamentos van a "seguir trabajando para que sea una realidad efectiva lo antes posible y con todas las garantías"

Esas pocas líneas, no obstante, dejan claro que las posiciones de Trabajo y Economía aún están distantes. Básicamente, las diferencias entre las dos alas del Ejecutivo son de calendario, pero no solo. Díaz y los suyos recuerdan que el pacto de Gobierno firmado por PSOE y Sumar establece que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media debe entrar en vigor en 2025, y aseguran que, para no sobrepasar este año, la tramitación debe comenzar ya y debe ejecutarse, además, por la vía de urgencia, ya que, posteriormente, la ley tendrá que ser negociada en el Congreso con los aliados parlamentarios del Gobierno. Cuerpo, por el contrario, abre la puerta a que el Ejecutivo altere el pacto que ya ha suscrito con los sindicatos, y el domingo aseguró que se debe "dar un margen de flexibilidad" a las pequeñas y medianas empresas (la inmensa mayoría en España) para aplicar la medida.

La reunión entre Díaz y Cuerpo se produjo a solicitud de la vicepresidenta apenas un día después de que el ministro de Economía asegurase en una entrevista que él no está "reteniendo" la tramitación de "ningún texto" y que ellos dos son las personas que deben solventar las diferencias entre PSOE y Sumar con respecto a la reducción de la jornada, sin recurrir a la decisión final del presidente Pedro Sánchez. "Nos corresponde a nosotros ser capaces de plantear una opción con la que estemos todos cómodos para pasarla por el Consejo de Ministros, tenemos recorrido todavía para hablar y para avanzar en esta discusión sin tener por qué hacer recurso a ese arbitraje del presidente del Gobierno", sostuvo Cuerpo.

Aunque fuentes conocedoras del contenido del encuentro afirman que las posiciones han empezado a moverse, Sumar mantuvo este lunes la presión que lleva días ejerciendo sobre el PSOE. La vicepresidenta Díaz, horas antes de la reunión, insistió en que "los acuerdos de diálogo social en nuestro país se han de cumplir" sin hacer cambios, como plantea Economía, mientras el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, denuncio que Cuerpo "se excedería de sus competencias, que no son las laborales" si decidiera retrasar la reducción de jornada más allá de 2025.

Por su parte, el PSOE, en general, y el ministro de Economía, en particular, trataron de no desviar el foco de las medidas para facilitar el acceso a la vivienda que presentó este lunes Pedro Sánchez. El ala socialista del Gobierno está tratando de excluir al presidente de la disputa entre Trabajo y Economía en relación a la jornada laboral, y Sumar, por el momento, ha evitado cargar contra él y ha centrado sus críticas en Cuerpo. Pero en la formación no descartan que, si los socialistas siguen en sus trece, el enfrentamiento pueda escalar a la figura del presidente, que en última instancia es quien decide las posiciones que defiende el PSOE en el seno del Ejecutivo.

No sería la primera vez que algo así ocurre, puesto que, a lo largo de sus cinco años como ministra de Trabajo, Díaz ha mantenido varios enfrentamientos con el Ministerio de Economía. Este con Carlos Cuerpo es el primero, pero con su antecesora, Nadia Calviño, la líder de Sumar chocó en repetidas ocasiones por cuestiones como el salario mínimo o la reforma laboral. Precisamente esa reforma, la medida estrella de Trabajo la pasada legislatura, propició el mayor conflicto entre Díaz y Calviño: la ahora líder de Sumar acusó a la dirigente socialista de querer apartarla de la negociación para descafeinar los cambios en el mercado de trabajo, y tras varias semanas de trifulca el asunto terminó resolviéndose en una reunión entre Díaz y Sánchez.

Díaz se la juega

Para la vicepresidenta, el resultado de esta negociación es clave, y no solo por el contenido de la medida. Fuentes de la coalición Sumar barruntan que el repentino cambio de estrategia con respecto a los socialistas, a quien Díaz lleva semanas criticando abiertamente pese a haber cimentado su imagen pública sobre la idea de no hacer "ruido", no responde solo a la necesidad de reducir la jornada laboral, y consideran que la vicepresidenta está tratando de ganar perfil propio ante el espacio cada vez más reducido de Sumar dentro del Gobierno.

Para Díaz, como líder de un espacio que ha encadenado batacazo electoral tras batacazo electoral en el último año, torcer el brazo al PSOE en lo relativo a la jornada laboral supondría un importantísimo tanto con el que poder justificar el papel de Sumar en el Ejecutivo durante esta legislatura, e incluso podría servirle como punto de inflexión para cambiar la tendencia de unas encuestas que llevan muchos meses a la baja. Lo contrario, no obstante, dejaría el liderazgo de la vicepresidenta en una situación inmensamente precaria.

La negociación con patronal y sindicatos aún no ha comenzado, aunque está previsto que lo haga en los próximos días. Y, de cara al inicio de esas conversaciones, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo concretó también este domingo que su planteamiento inicial será elevar 50 euros el salario mínimo, el equivalente a un 4,4%, lo que dejaría el índice en 1.184 euros brutos en 14 pagas. Esa cifra es tan solo una primera aproximación: en una entrevista en La Vanguardia, Díaz prometió que será "flexible" y reducirá algo esa pretensión si la CEOE se aviene a firmar el acuerdo, algo que los empresarios rehusaron hacer con el aumento del salario mínimo el año pasado.

Cuerpo no fue tan concreto, pero sí aseguró en otra entrevista, en este caso con Colpisa, que la "horquilla" de entre 39 y 50 euros de subida le parece razonable y "un punto de partida excelente" para negociar. "Estoy tranquilo y contento, y ahora ya pasamos al siguiente paso, precisamente al marco del diálogo social, donde, sobre la base del input del comité de expertos, tiene que llegarse a una propuesta", planteó el ministro de Economía a este respecto.

No obstante, que este año no parezca haber grandes diferencias entre PSOE y Sumar en lo relativo a la cuantía a la que debe subir el salario mínimo no significa que ambos socios de la coalición de Gobierno estén de acuerdo en todo lo relativo a este incremento. En esta ocasión existe una discrepancia que no se ha dado en años anteriores y que se perfila como el principal caballo de batalla de esta negociación entre ambos partidos: el tratamiento que se dará a nivel fiscal a este nuevo aumento del salario mínimo.

Hasta ahora, todas las subidas del salario mínimo que ha llevado a cabo el Gobierno desde que Pedro Sánchez es presidente (es decir, desde 2018) han venido acompañadas de un aumento del mínimo de ingresos exentos de tributar por el IRPF, el impuesto que grava la renta anual de las personas físicas. En el año 2024, el salario mínimo es de 15.876 euros brutos anuales, y ese es exactamente el umbral a partir del cual se empieza a pagar este gravamen, lo que implica que los perceptores del salario mínimo no han tenido que abonar IRPF este año. El propio Ejecutivo presume en su web informativa sobre el salario mínimo de "su política de eximir de tributación a los trabajadores" que perciben este mínimo de ingresos.

Para 2025, no obstante, el Ministerio de Hacienda —necesitado de ingresos para cubrir los gastos extraordinarios de medidas como las puestas en marcha a raíz de la DANA y que, en las últimas fechas, se ha visto obligado a retrasar medidas como la subida de impuestos al diésel—, se está planteando no elevar el mínimo exento en el impuesto sobre la renta. Y eso, en la práctica, implicaría que los trabajadores que vieran su sueldo incrementado por la nueva subida del salario mínimo no percibirían íntegros los 50 euros (o la cantidad que finalmente se acuerde) mensuales: de ese aumento, al menos una parte sí estaría obligada a tributar.

Este domingo, Díaz afirmó que discrepa de Hacienda y apuesta por "hacer lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, es decir, que en términos de IRPF el salario mínimo quede exento", lo que abre la puerta a un nuevo conflicto entre PSOE y Sumar. Pero, además, los sindicatos tampoco lo ven con buenos ojos, y UGT, de hecho, ya se ha pronunciado y ha anunciado en un comunicado que "no firmará un acuerdo sobre el salario mínimo si este no queda exento de IRPF". "La prioridad del sindicato es garantizar que el importe del salario mínimo llegue neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional", sostiene el sindicato.

Algunos ya lo llevan haciendo un tiempo, como Morant y Torres; en el caso de López, tras la salida de Juan Lobato no tuvo que enfrentarse a unas primarias ni tampoco someterse a la logística de los desplazamientos, pero su cartera de Transformación Digital y Función Pública requiere de bastante dedicación. En el caso de la candidata a liderar el PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, tiene una complicada labor en el Gobierno como vicepresidenta y ministra de Hacienda, al igual que la candidata a ponerse al frente del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, que a su vez es portavoz del Gobierno y ministra de Educación, FP y Deportes.

No es la primera vez que el Sánchez emplea esta estrategia de capitalizar la visibilidad adquirida por los ministros, ya lo hizo con Salvador Illa, ex ministro de Sanidad durante la pandemia de la covid, que pasó a ser candidato del PSC, una jugada que no salió nada mal ya que reunió los votos suficientes como para ganar dos elecciones y convertirse en presidente de la Generalitat. Pero cabe destacar que, en su caso, no compatibilizó ambos puestos, sino que dejó el Ministerio para dedicarse de lleno al liderazgo del PSC. Su sucesora al frente del Ministerio de Sanidad, Carolina Darias, apenas permaneció tres meses compaginando esta cartera con la candidatura a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente sigue rigiendo.

Moncloa ve totalmente "compatible" el cargo de ministro con el liderazgo autonómico del PSOE. Y aunque legalmente lo es y tampoco incumple los estatutos del partido, tanto la oposición como socialistas como el rival de Montero a liderar el PSOE-A cuestionan que esta compatibilidad sea adecuada.

Desde el PP piden a los ministros que dejen sus cargos si es que quieren liderar las federaciones socialistas de sus territorios. Aseguran que es una "degradación institucional". "Es demencial la utilización de las instituciones para que candidatos del PSOE aprovechen su condición de ministros para hacer campaña, porque no van a hacer bien su labor como ministros y van a entorpecer la relación entre su ministerio y las comunidades", indicó el portavoz del PP, Borja Sémper, cuando se oficializaron las candidaturas.

Por su parte, el rival de María Jesús Montero para liderar la federación andaluza, Luis Ángel Hierro, se posicionó sin tapujos en contra de la decisión de Montero. "Si quiere liderar Andalucía, tiene que dejar el Ministerio, la Vicepresidencia y venir aquí", señaló el socialista, que cree que la candidata tiene la obligación de dedicación exclusiva a la política regional, un requisito que considera imprescindible para liderar una comunidad tan extensa y compleja como Andalucía, que cuenta con más de 800 ayuntamientos.

No tan explícito, el candidato rival de Pilar Alegría para liderar el PSOE de Aragón, Darío Villagrasa, recalcó en varias ocasiones que su proyecto es "autónomo, orientado al territorio" y basado en "la voz de la militancia", un mensaje que interpela directamente a Ferraz y a Alegría. "Quiero superar las viejas rencillas y las batallas orgánicas. Me ofrezco a la militancia para un nuevo tiempo desde la unión, el sano debate de ideas y desde Aragón", lanzó en su discurso para anunciar su candidatura, dejando claro el mensaje central de su campaña a las primarias.

"La agenda de cualquier ministro es suficientemente complicada como para estar a las dos cosas", reflexiona el politólogo y director de Asuntos Públicos de ATREVIA, Manuel Mostaza, que cree que es "peligroso y difícil" que esto salga bien porque ni estás a una cosa ni a la otra. "Si te tapas mucho la cara te destapas los pies", indica a 20minutos respecto a los cometidos que tienen que llevar a cabo los distintos ministros que, a su vez, tendrán que atender otras cuestiones en sus territorios al tiempo que tratan de defender los intereses de los mismos.

Además, Mostaza tampoco cree que el capital político sea suficiente como para garantizar que el PSOE logre el efecto de Salvador Illa, por ejemplo. Apunta a que Óscar López llega a Madrid después de haber fracasado en Castilla y León, donde consiguió el peor resultado para su partido hasta ese momento y, en el caso de Montero, recuerda que forma parte del Gobierno andaluz que acabó con la hegemonía socialista en Andalucía. "Pensar que solo vas a ganar por ser ministro... Esto no funciona. No se puede liderar la oposición de forma telemática", reflexiona.

El politólogo indica que aunque no hay ningún problema legal en compatibilizar estas funciones, podría haber un problema ético en el caso de que los ministros "fuercen" actos con el único objetivo de estar en el territorio para liderar sus respectivas federaciones. En todo caso, recalca que es muy probable que los distintos departamentos del Gobierno pierdan fuerza porque no tendrán al 100% la agenda, al igual que las federaciones, ya que su líder tampoco estará a pleno rendimiento.

La encrucijada de Montero en el debate de financiación

Además, en el caso de Montero hay un problema añadido más. La ministra debe negociar con todos los presidentes autonómicos la reforma del sistema de financiación, un debate en el que Andalucía y Cataluña tienen dos posiciones totalmente diferentes y, en el caso de la ministra, continúa defendiendo el acuerdo de ERC y PSC que avalaría que Cataluña tuviese un cupo al estilo del País Vasco y Navarra.

Al respecto, el rival de Montero en las primarias al PSOE andaluz señala que la "financiación singular" es un "eufemismo que atenta contra la inteligencia de las personas" y que lo que realmente se ha aprobado es un "cupo catalán" que supone un "retroceso hacia un sistema fiscal feudal que no tiene cabida en un estado moderno", por lo que critica la defensa que por ahora mantiene Montero.

El PP de Andalucía acusa a la ministra de "intentar ralentizar" el crecimiento de esta comunidad mientras defiende un sistema que, a su juicio, perjudica a la autonomía. Pero no solo se cuestiona este asunto desde Andalucía, también lo hacen regiones como Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista crítico Emiliano García-Page. Fuentes de su entorno señalan que Montero debería aclarar qué modelo es el que defiende si finalmente asume el liderazgo del PSOE andaluz.

Sobre esta cuestión, la ministra se limita a asegurar que "nunca permitiría una iniciativa política que sea un agravio para Andalucía".

Si usted tiene un contratada una línea de teléfono con alguna de las marcas propiedad del Grupo MasOrange -también con las regionales Euskalte, R, Telecable, Guuk y Embou-, probablemente habrá recibido una llamada en la que se le ofrece una rebaja de seis euros en su factura de teléfono si contrata con ellos el suministro de electricidad o de nueve, si también el de gas. De esta manera, el operador de telefonía que surgió en abril de la unión entre Orange España y el Grupo MasMovil está diversificando su actividad y entrando en el sector de la venta de energía, una actividad con la que fuentes de la compañía aseguran que están "muy satisfechos".

En los primeros meses y a cierre de diciembre, cuando se unió al sector energético también la marca R, contabilizan 250.000 clientes y esperan más que duplicarlos antes de 2027. En España hay alrededor de 29 millones de contratos de electricidad de todo tamaño y tanto en el mercado liberado -en el que opera MasMovil- como en el regulado, con tarifa PVPC.

Tarifas distintas según perfiles de clientes de móvil

El fenómeno de intercambiar contratos de luz y gas por descuentos en otros servicios no es nuevo y, por ejemplo, Repsol entró en el mercado ofreciendo rebajas en sus gasolineras. Así lo recuerdan en el sector 'clásico' de la distribución y venta de energía, donde subrayan que España es el país de la UE donde operan más comercializadoras de luz y gas, en un mercado que es muy dinámico y en el que entran y salen actores continuamente.

En un mercado como el de la comercialización de energía en el que hay poco margen para innovar con los precios, las tarifas que ofrecen estas compañías de teléfono se sitúan en torno a los niveles que ofertan otras. La más frecuente es 0,11 euros/kWh en Orange, Yoigo o Euskaltel, pero MasOrange también fija tarifas más elevadas para otras marcas, adaptándose a distintos tipos de clientes objetivos.

Por ejemplo, si se trata de Pepephone, la tarifa asciende a 0,17 euros/kWh, algo que la empresa explica porque los clientes que acceden desde ella a su negocio de energía "saben más de energía" y en lugar de decantarse por la tarifa fija a ese precio lo hacen por otra opción, la oferta variable, que está indexada al mercado mayorista y sometida a los vaivenes diarios en el precio de la luz. "No les importa correr algo más de riesgo para aprovecharse de las bajadas", de cuando, por ejemplo, la luz está a cero euros en algunas horas, dicen en el grupo, frente a clientes de otras marcas de telefonía que "prefieren la seguridad de un precio fijo", añaden.

Las distintas marcas del telefonía móvil comparten, a su vez, comercializadora de la electricidad y el gas que venden a sus clientes. Se trata de Energía Colectiva una empresa de tamaño mediano con sede en Valencia y que figura las 534 comercializadoras de electricidad dadas de alta en el listado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de los que 382 figuran como activos. MasOrange afirma que es la comercializadora "está en el top 15" de empresas del sector y es "la que más crece en España".

Récord de comercializadoras en la UE

La entrada del sector de la telefonía móvil en la comercialización de energía amplía este mercado en España, que tiene un grado de apertura y concentración "mucho más avanzado que la mayoría de los países de la UE", según concluye un reciente análisis de PwC, que afirma que afirma "España es el país con mayor número comercializadores activos" y que "el número de nuevos comercializadores ha superado en el doble al número de bajas o cese de actividad". "Esto indica que no existen barreras materiales para la entrada en el mercado de comercializadores y que hay una suficiente presión competitiva".

Según el análisis de PwC, el número de comercializadoras en España creció casi un 40% entre 2022 y 2024, cuando pasó de 382 a 534 compañías. El sector es dinámico y entre 2021 y 2022, se dieron de alta ante la CNMC 141 comercializadoras y se dieron de baja 74. En 2023, volvió a crecer con respecto al año anterior la cuota de energía suministrada en el mercado libre por pare de empresas distintas a las grandes del sector como las cuatro primeras Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol y registró su mayor cota desde 2011.

En el sector eléctrico se considera "normal "la incursión de MasOrange en una actividad liberalizada como es la venta de gas y electricidad a los pequeños consumidores, en la que basta con cumplir los requisitos que marca la CNMC, ser una sociedad mercantil con separación contable de otras actividades -como en este caso sería la telefonía móvil o la fibra óptica- y presentar garantías de que tiene capacidad para cubrir posibles impagos y atender al suministro de la energía contratada.

"El mercado minorista de electricidad es altamente competitivo", dicen en el sector eléctrico, que se remite a los centenares de comercializadoras que figuran en el comparador de ofertas del regulador. "Es bueno para la competencia, para el sector y para los consumidores", afirman.

Sin embargo, cabe recordar que para que el índice sea de aplicación obligatoria debe ser cada comunidad autónoma la que solicite la declaración de zonas de mercado inmobiliario tensionado en sus municipios, y, por el momento, solamente lo ha hecho Cataluña.

Por esta razón, y como medida para incentivar su aplicación, entre las doce nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis de vivienda, se propondrá en el Congreso una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que se encuentren en zonas tensionadas.

Cómo consultar el índice de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda

Estos precios han sido calculados a partir de los datos de la declaración de la renta de 2,5 millones de arrendadores y son fruto del trabajo conjunto de los ministerios de Vivienda y Hacienda, el Catastro, el INE, el Banco de España y el Colegio de Registradores, según explicaba el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.

Puedes encontrar aquí la herramienta del Ministerio.

La designación de Montero responde a dos objetivos complementarios: competir contra Juanma Moreno en las andaluzas de 2026 y, al menos, quitarle la mayoría absoluta al PP y obligarle a gobernar con Vox, con lo que, además, se lograría romper la imagen de moderación del presidente andaluz; y sumar más votos y escaños nacionales del sur para el PSOE que permitan a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa cuatro años más.

A favor de María Jesús Montero juega que es, con diferencia, el activo electoral que más puede activar a una izquierda que en Andalucía está con el ánimo en el subsuelo. Tiene el foco que le da su puesto como número dos del Gobierno y del PSOE. Y su discurso emocional, de claro signo izquierdista y con ribetes populistas, se ajusta más que el de Juan Espadas, y el de cualquier otro, al clima de crispación y polarización en el que vivimos.

Pero en su contra juegan también factores muy relevantes. En primer lugar, es insólito que una vicepresidenta del Gobierno de España ejerza a la vez de ministra de Hacienda y de líder de la oposición en Andalucía. Tendrá que defender a la misma vez posiciones contrarias cuando esté en Madrid y cuando esté en Andalucía, como veremos cuando negocie la financiación singular con Cataluña que tanta irritación genera en el sur.

Y en segundo lugar, le van a recordar una y otra vez que es una candidata del pasado, que viene de ser consejera con Manuel Chaves, con José António Griñán y con Susana Díaz antes de integrarse en el puente de mando del sanchismo. Y le van a recordar una y otra vez que viene solo para ofrecerle unos cuantos escaños más a Pedro Sánchez.

La sociedad andaluza ha cambiado. La transferencia de voto de centro izquierda del PSOE al PP en el sur es pequeña, pero sigue afianzándose. Y está por ver que el voto socialista que se fue a la abstención pueda volver. ¿Habrá efecto Montero o se quedará en un simple efecto placebo? Ya veremos pronto cómo se despeja esta incógnita. De momento, estén pendientes, que aquí no solo se juegan algunos votos del sur.

"La madrugada del martes será todavía más fría" que la de este lunes, ha indicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según el experto, las heladas que afectarán a gran parte del interior de la Península dejarán temperaturas bajo cero, motivo por el cual la institución meteorológica ha activado la alerta amarilla o naranja en nueve comunidades autónomas.

Teruel, Zaragoza y Guadalajara estarán en alerta naranja ya que podrían registrar temperaturas mínimas de entre ocho y diez grados bajo cero. En aviso amarillo estarán Córdoba, Granada, Huesca, Cantabria, las ocho provincias castellanoleonesas, las cuatro catalanas, Madrid, La Rioja, Castellón, Valencia y todas las provincias castellanomanchegas con excepción de Guadalajara. Mallorca y Menorca, por su parte, estarán en alerta este martes por fenómenos costeros.

Desde Meteored han indicado que los cielos permanecerán soleados en la mayor parte del país hasta el miércoles, con excepción del archipiélago balear, Málaga, Granada, Cauta y Melilla, donde podrían tener lugar algunas lluvias débiles. Con respecto a las heladas, los meteorólogos explican que estas serán especialmente fuertes en zonas de alta montaña y que las temperaturas que se registrarán se situarán por debajo de los valores medios habituales para esta época en la mayoría de las comunidades autónomas.

En capitales de provincia como Albacete, Ávila, Burgos, Cuenca, León, Lleida, Palencia, Pamplona, Salamanca, Segovia, Valladolid o Zamora los termómetros podrían marcar temperaturas mínimas de hasta cinco grados bajo cero. Las temperaturas máximas, por su parte, se situarán entre los 10 y 12 grados en el interior peninsular y solo podrían superar los 15 grados algunos puntos del sureste o de la comunidad andaluza.

La temperaturas subirán ligeramente el miércoles, pero las heladas continuarán en el interior de la Península, donde se podrían volver a registrar hasta cinco grados bajo cero. En los puntos más cercanos a la costa y en la isla de Mallorca se registrarán heladas débiles y, en general, el ambiente será más templado que el día anterior. Aun así, en puntos de la mitad norte los termómetros marcarán temperaturas inferiores a los diez grados centígrados.

Cambio de tiempo en la costa Mediterránea

A partir del jueves el tiempo cambiará en la costa mediterránea, debido a que una borrasca -que se formará en el norte de África- comenzará a desplazarse hacia la Península. Este fenómeno meteorológico provocará precipitaciones "localmente moderadas o algo intensas y ocasionalmente tormentosas" en el archipiélago balear, en el golfo de Valencia, en el norte de Alicante, Girona y en Melilla. Sin embargo, los expertos de Meteored no descartan que estas precipitaciones puedan afectar a otros puntos de la costa mediterránea.

En caso de que la borrasca se acerque más a la Península las lluvias se extenderían a más zonas del este. Asimismo, es posible que se registren precipitaciones débiles en Ceuta y en otros puntos del Estrecho y que las sierras del este y sureste de la Península se cubran de blanco. También podría nevar en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca. En el resto del país el sol brillará, aunque las heladas continuarán siendo intensas en el interior de la Península.

La incertidumbre aumenta de cara al fin de semana, aunque todo apunta a que la borrasca perderá fuerza y a que podría continuar lloviendo en Baleares. A última hora del sábado incluso podría llegar un nuevo frente que provocaría precipitaciones abundantes en el norte, especialmente en Galicia, Asturias y en el noreste de Castilla y León. En las zonas de montaña también existe la posibilidad de que nieve.

Ante el nuevo auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, que da respuesta al recurso presentado por el equipo jurídico de Rivas contra el archivo de la jueza tras la denuncia por amenazas y coacciones del 30 de diciembre, por entender que los hechos no serían constitutivos de violencia de género, y apuntando al proceso abierto en Italia, lugar de residencia del niño y de su padre; la representación de Rivas avisa de que se trata de "un grave error que está perjudicando los derechos de un menor de edad y su madre", siendo dicho auto susceptible de recurso.

De cara a ese recurso, los abogados de Rivas auguran que "en un par de meses aproximadamente se pronunciará la Audiencia Provincial". Así, han manifestado su confianza en que la Fiscalía apoye dicho recurso y la instancia de apelación les de "la razón"; bajo la premisa de que "no es lo mismo que un amigo te diga 'estoy en tu puerta' a que te lo diga un enemigo".

"Las amenazas son un delito circunstancial, no depende solo de lo que se dice, sino también el contexto y las previas relaciones entre el agresor y su víctima", precisan los abogados, asegurando que se van a "esforzar al máximo para proteger a Daniel", que ahora tiene once años.

Procedimiento en Italia

La juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos viene a indicar que es la jurisdicción italiana la que tiene las competencias en tanto "ya se está tramitando" un "procedimiento penal que se dirige contra el progenitor por presuntos malos tratos hacia sus hijos, debiendo estarse a las diligencias de prueba y a las medidas cautelares que en su caso se acuerden en dicho procedimiento" o en el proceso civil relativo a la guarda y custodia del pequeño, "que también se tramita en Italia".

"Todo ello sin perjuicio de que las autoridades judiciales italianas, como alega el Ministerio Público, podrán en su caso ratificar o alzar las medidas cautelares ya acordadas el pasado día 7 de enero de 2025 en virtud de petición de la señora Rivas en el Juzgado de Instrucción en servicio de guardia, y sin que pueda olvidarse que, compartiendo España e Italia un espacio común de libertad, seguridad y justicia, es el principio de reconocimiento mutuo, basado en la confianza mutua entre los estados miembros" el que "debe presidir" las "relaciones a dicho nivel entre ambos países", agrega el auto.

El pasado 7 de enero, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada se inhibió en favor del de Violencia sobre la Mujer número 2, donde estaba ya este procedimiento judicial abierto a raíz de una demanda de violencia de género presentada por la madre de Maracena contra el progenitor, al solicitarle medidas cautelares para que el menor no viajara.

El Juzgado de Violencia de Género había acordado archivar la demanda presentada por la representación de la madre por supuestas coacciones y amenazas. Sin embargo, el procedimiento siguió su curso dado que la resolución de sobreseimiento fue recurrida por esta parte en reforma y, por lo tanto, aún no era firme.

A la espera de la resolución del recurso que se ha producido este lunes, la defensa de Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017 y objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno de España, pidió en la Fiscalía Provincial de Granada medidas de protección internacional para su hijo menor, a fin de que no volviera con su padre tras el periodo de vacaciones navideñas en España.

La Fiscalía informó de que, dada "la inminente entrega" del menor ese martes, había pedido al juzgado de guardia que acordara "la comparecencia solicitada" por la mujer y procediera "con urgencia a la exploración del menor".

El juzgado se reafirma

Fue esa misma noche cuando el Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada, en funciones de guardia, acordó la suspensión provisional de la orden de restitución que la Corte de Apelación de la localidad italiana de Cagliari había emitido respecto al hijo menor de Rivas. Después, se inhibió en favor de Violencia sobre la Mujer 2, que justificó la semana pasada su mismo criterio, en la línea de lo que vuelve a ratificar este lunes.

En este contexto, el auto de este lunes archiva la causa de la denuncia presentada por Rivas, al igual que hizo en Málaga, las pasadas navidades, al "estimar que no se desprenden indicios bastantes de la comisión de delito alguno competencia" de esta jurisdicción, y al igual que, especifica, hiciera el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 malagueño al denegar "la solicitud de orden de protección".

Este pasado viernes, más de cien jueces de Violencia sobre la Mujer de toda España trasladaron su "rechazo" a los "ataques" del equipo jurídico de Rivas a la magistrada del Juzgado de la Violencia Sobre la Mujer 2 de Granada tras las últimas resoluciones que había emitido en esta causa. Además, advirtieron de que el "desprestigio" a esta compañera por su actuación en un caso de enorme atención mediática como este "desprestigia en definitiva a todo el sistema judicial".

Así lo ha manifestado en su intervención al final de la X Gala de la Academia de las Artes Escénicas de España, que se ha celebrado en el Teatro Calderón de Valladolid, ciudad que el titular de Cultura ha reivindicado como "una de las grandes capitales culturales".

Urtasun ha agradecido a los reconocidos en esta cita por "hacer felices" a los ciudadanos con las artes escénicas, que tienen "una singularidad", la de acoger a una profesión que es una "lección de solidaridad y reciprocidad" por la necesidad mutua entre público y artistas.

"Nos necesitamos mutuamente para seguir existiendo", ha resaltado el ministro, para ensalzar las "emociones compartidas" en "tiempos de individualismo" y de "desprecio de lo público".

Por otro lado, Urtasun ha agradecido a los artistas por el "riesgo" detrás de los logros de su carrera y el haber "dado la cara contra cualquier forma de impedimento al desarrollo de su tarea" en todas las veces que han "alzado la voz para encarnar el acto de libertad suprema que tiene lugar cuando un artista se sube al escenario".

Por último, el ministro, quien también ha mostrado su apoyo a los damnificados por la DANA, ha agradecido a la Academia la "sintonía" y ha destacado que cuenta con ella para llevar a cabo medidas por la cultura, como se hizo con la Ley de Enseñanzas Artísticas. En este sentido, ha incidido en que su departamento trabaja en el Estatuto del Artista con el objetivo de "avanzar en dignidad, derechos laborales y protección para la profesión".

Montserrat González y Triana Martínez están cumpliendo condena en la cárcel asturiana de Villabona tras haber pasado por las prisiones de Villahierro, en León, y de Villanubla, en Valladolid, en las que se las ha considerado internas conflictivas. "Todos estos años de condena que hemos venido padeciendo han producido una reflexión profunda y sosegada", han afirmado en esa carta en la que aseguran que la violencia "no debe ser nunca el medio de dirimir controversias de ningún tipo".

Han rechazado además "cualquier clase de acción que no sea pacífica" y han mantenido ser "conscientes del dolor causado". A este respecto han mostrado su "más absoluta convicción y promesa" de que su comportamiento "nunca jamás será doloroso para terceras personas". Por último en la carta aseguran que "como consecuencia de ese arrepentimiento se abonaron íntegramente las responsabilidades civiles".

"Hoy en día nos seguimos poniendo a disposición de los perjudicados para cuanto pudieran necesitar", han concluido el escrito que finaliza con la firma de las dos mujeres, Montserrat González, condenada como autora material a veintidós años de prisión, y Triana Martínez, hija de esta y cómplice en el asesinato, condenada a veinte años de cárcel.

Arrepentimiento voluntario

El abogado de las condenadas ha negado que dicha carta sea "una maniobra para obtener permisos penitenciarios" y ha asegurado que nadie ha requerido ese arrepentimiento. De hecho, ha asegurado que Triana Martínez ya ha obtenido varios permisos desde hace más de dos años por unanimidad de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Villabona que después no le han sido refrendados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria debido a la gravedad de los hechos cometidos.

"A la madre también se le emiten votos a favor en algún informe, no por unanimidad como a Triana pero sí tiene dos o tres votos favorables", ha asegurado. Ha insistido en que "nadie les ha requerido para esta petición de perdón" y ha explicado que "salió de ellas". "Fue un deseo que me transmitieron cuando me hice cargo de su defensa hace tres meses", ha señalado el letrado.

Pamos de la Hoz ha considerado que este perdón se debe al tiempo que han pasado en prisión las condenadas. "Han pasado más de diez años. El ser humano cambia. Es que, si no cambiásemos, qué sería de nosotros", ha mantenido. En este sentido, ha agregado que "su perdón es lo único que pueden ofrecer" teniendo en cuenta que "no es posible devolverle la vida ni la paz familiar a quienes fueron privados de ello".

Además, ha afirmado que las condenadas en esta prisión "tienen un comportamiento impecable" y ha recordado que este es un aspecto primordial a la hora de que se les conceda un permiso al que, ha recordado, tienen derecho desde hace ya seis años. Pamos de la Hoz también ha avanzado que ha pedido al órgano competente que agregue esta carta de perdón al resto de expedientes que ambas tienen abiertos.

Diez años del crimen

El próximo mes de mayo se cumplirán once años de la muerte de la presidenta del PP en León y de la Diputación en esta provincia Isabel Carrasco, asesinada a tiros en plena calle. El suceso llegó a calificarse durante el juicio como un crimen "casi perfecto" de no ser por un testigo que siguió a la autora de los disparos hasta su detención a los pocos minutos de cometerse.

Precisamente, en ese juicio Monserrat González confesó el crimen y afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque la había tomado con su hija, a la que había echado de la Diputación -tenía un puesto interino como ingeniera de comunicaciones- y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP.

"Era su vida o la de mi hija", afirmó rotunda y retadora en el juicio, en el que no mostró ningún signo de arrepentimiento, una actitud que contrasta ahora con ese escrito en el que muestran sus disculpas. Madre e hija fueron condenadas al ser consideradas culpables por parte de un jurado popular, al igual que Raquel Gago, una agente de Policía Local que también participó en el crimen y que ocultó el arma durante más de treinta horas.

Según advierte Aedaf en un comunicado, "esta decisión constituye una mala práctica administrativa que minusvalora los derechos de los contribuyentes, genera inseguridad jurídica y ocasiona un grave perjuicio económico y emocional a miles de afectados"..

El Tribunal Supremo, mediante varias sentencias, reconoció el derecho de los mutualistas a la devolución del IRPF pagado de más, al declarar exentas de tributación determinadas cantidades percibidas en sus pensiones. Concretamente, se estableció que las pensiones generadas por aportaciones a antiguas mutualidades entre 1967 y 1978 están exentas en un 25%, mientras que aquellas correspondientes a cotizaciones anteriores a 1967 lo están al 100%.

Este reconocimiento judicial abrió la puerta a que los afectados pudieran recuperar las cantidades indebidamente tributadas correspondientes a los ejercicios no prescritos. Inicialmente, la Agencia Tributaria habilitó un procedimiento sencillo que permitía solicitar la devolución de todos los años pendientes de una sola vez, facilitando así el acceso a este derecho.

Sin embargo, según explica Aedaf, con el cambio de criterio adoptado por el Ministerio de Hacienda, dicho procedimiento ha sido sustituido por un sistema que obliga a los mutualistas a solicitar la devolución año por año, lo que retrasa la percepción íntegra de lo que les corresponde hasta 2029.

Para justificar este cambio, el Ministerio de Hacienda ha argumentado que "la calendarización de las devoluciones ofrece certidumbre sobre la imputación en la contabilidad nacional de las devoluciones e implica establecer un proceso más reglado y ordenado".

"No justifica la decisión adoptada"

No obstante, Aedaf considera que "este razonamiento en ningún caso justifica la decisión adoptada, ya que lo que realmente está provocando Este retraso es aumentar el descrédito de una Administración tributaria que debería velar por la protección de los derechos de los contribuyentes y no complicar su ejercicio".

"Lamentamos que, una vez más, se adopten medidas que no solo socavan la confianza en el sistema fiscal, sino que agravan la sensación de indefensión frente al poder público y envían un mensaje desalentador a la ciudadanía, precisamente en un momento en el que la confianza en las instituciones debería ser prioritaria", prosigue el comunicado.

Por todo ello, los asesores solicitan a los responsables del Ministerio de Hacienda que reconsideren esta medida y restablezcan el procedimiento anterior, permitiendo que los mutualistas puedan recuperar sus cantidades de una sola vez, como estaba previsto.

"Instamos a las más altas instancias a actuar con responsabilidad, justicia y sensibilidad, garantizando la igualdad de trato y evitando más daños a un colectivo ya de por sí vulnerable", reitera el escrito, que concluye pidiendo que "se revierta esta decisión y que la Administración actúe con la misma celeridad con la que exige a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

"Podemos hacer alguna cosa más, sí", ha opinado González, que ha dicho que la postura de la UE no es “coherente” y ha aseverado que da igual que la líder opositora María Corina Machado sea "de izquierdas o derechas" porque lo trascendente es que "encarna la lucha por la libertad de Venezuela". "Podemos hacer cosas con esta democracia en retroceso", ha fijado antes de pedir que se conozcan los delitos de lesa humanidad, saber de dónde han "sacado el dinero" los "boliburgueses" que invierten en España y en otros países de la UE y también ha cuestionado el estado de las Fuerzas Armadas bolivarianas "por dentro" y cuánto van a resistir.

"Cuando se caen estos dictadores, solo se van con ellos los que caben en un avión. Son los que salen, el resto se quedan allí... Mucha gente está deseando descolgarse de ese horror", ha valorado el expresidente español, que ha tildado a Nicolás Maduro de "dictador tirano". Ha criticado que Maduro llame "terrorista a la gente a la que aterroriza" y hable de "nueva democracia en Venezuela". "Ese sinvergüenza siempre actúa y habla como si se mirara en un espejo. Este pájaro está siempre reflejándose en el espejo de lo que es el narcotraficante", ha señalado.

En este sentido, ha cuestionado la postura de España y de la UE en relación a Venezuela tras las elecciones de julio de 2024, porque a su juicio no es "coherente" por no reconocer a Edmundo González como ganador de los comicios hasta que no se publiquen las actas. "Le hemos dado una ventaja a Maduro sin querer. Bueno, algunos querrán, claro. Yo tampoco quiero jugar a inocentes. La ventaja de que, mientras no presenten las actas no lo reconocemos. O sea, que no las van presentar", ha lanzado al tiempo que ha criticado que esto esté ocurriendo en la Unión Europea.

"Los que creemos en la democracia no estamos dispuestos a jugar a ese juego malvado de que 'esta democracia es de izquierdas y me siento próximo o es de derechas y me siento próximo'", ha criticado ante un centenar de asistentes, entre los que se encontraban el ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

González también ha hablado de otros países de América latina, como es el caso de Argentina. Al respecto, ha asegurado que lo único en lo que ha acertado su presidente Javier Milei es que "se hizo cargo del estado de ánimo de una sociedad harta". Rompió "la baraja" para decir que iba a "meterle motosierra a todo", si bien, ha recalcado que aún hoy en día no tiene proyecto político.

Esto le ha servido como ejemplo para ilustrar una de las tres características que debe tener un buen líder, que es hacerse cargo del "estado de ánimo de la gente", lo que ha considerado esencial para que un "proyecto avance". Sin referirse a ningún líder en concreto, González también ha aseverado que una de las principales características es que ha de contar con un proyecto con el que se comprometa "de manera no mercenaria". "Cuanto menos mercenario sea, más creíble es el proyecto", ha fijado antes de avanzar la que, a su juicio, es la tercera de las tres principales características con las que debe contar un líder: tener capacidad para "coordinar equipos humanos".

A su juicio, esto no es solo un problema de "postestas, sino un problema de autoritas": "Si uno no tiene autoritas la fragilidad de la potestas se nota cuando desaparece la potestas", ha lanzado para indicar que si un líder pierde el respeto o la confianza por sus actos, el poder que le da su cargo se debilita en cuanto lo pierde.

Para jugar a Eurodreams basta con elegir una combinación de seis números (del 1 al 40) y un sueño (lo que en Euromillones son estrellas) del 1 al 5. Puedes decidir si hacerlo tú mismo o elegir una combinación automática. Cada apuesta son 2,50 euros y hay sorteos dos veces por semana: todos los lunes y jueves.

<h2>La probabilidad de acertar los números premiados en el sorteo de Eurodreams</h2>

Una de las cuestiones que más se tienen en cuenta a la ahora de jugar en los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado es la posibilidad que hay de que toque uno de los premios. En el sorteo Eurodreams, las probabilidades de ganar el sueldo de 20.000 euros al mes durante 30 años es de una entre 23.030.280. Mientras que en el Euromillones, por ejemplo, la probabilidad de conseguir el primer premio (5+2) es casi de una entre 140 millones. Estas son las posibilidades que hay de conseguir alguno de los premios de Eurodreams:<div class="dotted-list"><ul><li>Primera categoría (6+1) > 1 entre 23.030.280</li><li>Segunda categoría (6+0) > 1 entre 3.838.380</li><li>Tercera categoría (5+0) > 1 entre 18.816</li><li>Cuarta categoría (4+0) > 1 entre 456</li><li>Quinta categoría (3+0) > 1 entre 32</li><li>Sexta categoría o reintegro (2+0) > 1 entre 6</li></ul></div>

<h2>Lista con todos los premios de Eurodreams</h2>

El premio de mayor categoría (o primer premio de Eurodreams) es un sueldo durante 30 años de 20.000 euros al mes. Eso sí, tal y como señalan en la web oficial del sorteo de Loterías, si se da la casualidad de que hubiera más de tres ganadores en la primera categoría, el importe del premio total para tres se divide entre todos ellos.<div class="dotted-list"><ul> <li>Primera categoría: 20.000 euros al mes durante 30 años.</li> <li>Segunda categoría: 2.000 euros al mes durante 5 años.</li> <li>Tercera categoría: 120 euros.</li> <li>Cuarta categoría: 40 euros.</li> <li>Quinta categoría: 5 euros.</li> <li>Sexta categoría (o reintegro): 2,50 euros.</li></ul></div>

En la sección de Loterías de 20minutos.es puedes comprobar los números premiados de Eurodreams de toda la semana y también las combinaciones ganadoras para otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

El cupón diario de la ONCE ofrece de lunes a jueves, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar ´La Paga´ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste.

Premios de la ONCE

• 35.000 € a las cinco cifras.
• 500 € al número anterior y posterior al premiado.
• 200 € a las cuatro últimas cifras.
• 20 € a las tres últimas cifras.
• 6 € a las dos últimas cifras.
• 1,5 € al Reintegro a la decena de millar.
• 1,5 € al Reintegro a la última cifra.

Premios adicionales con La Paga:

• 3.000 € al mes durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario y serie.
• 0,50 € a la primera cifra del Cupón Diario.
• 0,50 € a la última cifra del Cupón Diario.

En la sección de Loterías de 20minutos.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.

El sorteo de la Bonoloto se celebra de lunes a domingo y está regulado por Loterías y Apuestas del Estado. Las apuestas tienen un precio de 0,50 euros, lo que le convierte en el sorteo más económico de los organizados por LAE.

Para jugar es necesario realizar como mínimo dos apuestas. En la modalidad simple, el jugador podrá escoger entre 1 y 8 apuestas por boleto, de las que deberá escoger 6 números en cada apuesta. En la modalidad múltiple se puede llegar hasta los 11 números por apuesta.

En la sección de Loterías de 20minutos.es se pueden comprobar los números premiados en loterías de toda la semana.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Primitiva tres veces a la semana, los lunes, jueves y sábados, siendo el sorteo de mayor aceptación en España.

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En este contexto, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), representante, entre otros, de los hospitales y clínicas privadas que atienden a esos pacientes, recuerda que no forman parte de las negociaciones entre Gobierno y compañías aseguradoras, pero son quienes mejor conocen sus necesidades asistenciales.

Por ello, instan a que la principal preocupación de todos los agentes involucrados en esta decisión sea en todo momento poner por delante las necesidades sanitarias de aquellos funcionarios y beneficiarios que durante cuatro décadas han optado de forma mayoritaria y reiterada por la atención médica en la sanidad privada.

Para la provisión sanitaria es un momento delicado que exige de todos los actores involucrados una actuación responsable y el compromiso con la salud de los mutualistas.

Más allá de las lógicas consideraciones económicas empleadas en las negociaciones, ASPE muestra su inquietud por la atención de los pacientes, que merecen tener certezas sobre su asistencia sanitaria. Su presidente, Carlos Rus, recuerda que, con independencia de lo que decidan las aseguradoras finalmente en relación con la licitación en curso, “los pacientes siempre tendrán las puertas abiertas de nuestros hospitales y clínicas para ser atendidos por las vías habituales del aseguramiento de salud ordinario o de forma directa”.

Prima por mutualista

ASPE ha venido advirtiendo de la necesidad de acordar una prima por mutualista que garantizara el acceso de los mutualistas a un cuadro médico completo y de calidad en todo el territorio nacional. La patronal entiende que no es posible operar como en estos últimos años con un déficit de financiación, pero también advierte un esfuerzo de revalorización en la actual licitación como apuesta por el mutualismo.

Carlos Rus señala finalmente que “desde la provisión sanitaria queremos poner en valor un modelo de colaboración público-privada que ha demostrado su vigencia y éxito durante tantos años”.

La Policía Nacional ha explicado a 20minutos que el viernes se produjo una caída en el sistema informático de tramitación de la documentación oficial, DNI y pasaporte, que ya ha podido ser solventada.

Las mismas fuentes han explicado que la avería se debió a un fallo técnico en el hardware de las máquinas, no a una actualización del sistema, lamentando los perjuicios que este hecho ha podido ocasionar a los ciudadanos.

Además, han reconocido que los afectados tendrán que pedir una nueva cita previa en la web, garantizando que existe abundancia de horarios para retomar el trámite a la mayor brevedad. "Pero si alguien tiene un problema urgente, es recomendable que acuda a la comisaría", agregan.

Citas preferentes

Por su parte, la Asociación Española de Consumidores, ha denunciado que se trata de "un período muy prolongado de tiempo que está produciendo importantes perjuicios a los afectados. Hay que tener en cuenta que es un documento esencial para realizar trámites con la Administración, notarías o para viajar por poner algunos ejemplos".

Desde la asociación reclaman citas inmediata y preferentes para los ciudadanos afectados, "poniendo el Ministerio del Interior todos los medios y horarios necesarios para lograr la renovación".

Desde Bruselas matizan a 20minutos que todavía no hay una reacción de la Comisión al respecto. La nueva normativa que prevé impulsar el Gobierno "pretende la inclusión de una nueva causa de abstención o recusación de jueces y magistrados", avisan desde la APM. "Sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de nuestra independencia e imparcialidad se tratara, -básica para la confianza de los ciudadanos en la Justicia-, sin embargo, parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica", concluyen en un comunicado.

El aviso, además, matiza que es un cambio que dificultará la persecución de la corrupción, con el foco puesto no solo sobre Gómez, sino también sobre todo el caso que involucra al fiscal general del Estado, a quien este lunes el Supremo ha anunciado que cita como imputado por la filtración de información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para la APM, el giro que sale de Moncloa es blando con la corrupción y puede favorecer "su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas".

Los socialistas han registrado en el Congreso una proposición de ley que busca poner coto a la acción popular, impidiendo que las acusaciones populares participen de la fase de instrucción (investigación) judicial. Tal y como apunta la disposición transitoria única del texto, la medida se aplicará "en el momento de entrada en vigor de la ley", lo que puede suponer la expulsión inmediata de todas las acusaciones mencionadas.

Varias de ellas han reaccionado ya a la medida que anunció el PSOE el pasado viernes a primera hora, señalando que es "inconstitucional". El Partido Popular señala que la reforma se debe a la "desesperación del PSOE ante los casos de corrupción que acorralan al Gobierno". Se trata de "un paso más" en el afán del Ejecutivo por "laminar al Poder Judicial", enfatizan fuentes populares, que consideran que "el PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denuncian".

"Según el auto, el Gobierno estaba en el ajo. El presidente del Gobierno probablemente estuviera en el ajo", ha asegurado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que se ha mostrado convencido de que "todo se va a acabar sabiendo".

En concreto, el Supremo ha citado al fiscal general del Estado para que declare como imputado el próximo 29 de enero en la causa donde se le investiga por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que las pesquisas realizadas han venido a "apuntalar" los indicios en su contra que apuntan a que tuvo una "relevante participación" en la filtración. También apunta a Moncloa como actor activo en la filtración de los correos, pues apunta que desde Presidencia se hicieron "gestiones" para que acabaran publicados en los medios.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que este paso pone al fiscal en "el banquillo de los acusados". "El sanchismo continúa erosionando nuestra democracia para sobrevivir políticamente. Quiere máximos poderes con mínimos controles, tampoco el de la ley", ha recalcado, para subrayar que el Supremo "implica a la propia Presidencia del Gobierno en la trama de García Ortiz".

"Según el auto del Tribunal Supremo, el fiscal general de Sánchez pasaba información confidencial a Moncloa para atacar a adversarios políticos. Blanco y en botella: corrupción en estado puro", ha declarado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha recordado las palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado 19 de diciembre diciendo que había mucha gente que había exigido la dimisión de Álvaro Ortiz "sin pruebas y con bulos" y preguntando "quién va a pedir perdón al fiscal general". El dirigente del PP ha recalcado que ahora el Tribunal Supremo "cita como imputado al fiscal general del Estado por revelación de secretos". "¿Va a pedir perdón? ¿Y Sánchez? Debe dimitir inmediatamente", ha aseverado.

Después, en rueda de prensa, el portavoz nacional del PP ha tildado de "escándalo inédito en la política española" la situación de Álvaro García Ortiz. A su entender, "en defensa de la dignidad de la institución, debería dimitir hoy mismo".

"Debería haber dimitido hace tiempo pero hoy, después de este auto, debería de haber presentado su dimisión. Y, en cualquier caso, el Gobierno de España debería exigirle y debería decir públicamente a los españoles que este es un comportamiento inaceptable. Pero es que, según este auto, el Gobierno estaba en el ajo", ha afirmado.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea permite al bloque comunitario ayudar de forma efectiva a un Estado miembro o a un país candidato a la adhesión en sus esfuerzos por hacer frente a los daños provocados por una catástrofe natural grave o una emergencia grave de salud pública. En este caso la DANA entra en el primer grupo; hace meses, de hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su activación, que no es inmediata pero que Valencia, dijo Catalá, ve como la "herramienta más ágil" para afrontar la reconstrucción.

"Ese fondo es una de las herramientas con las que contamos", apuntó ante los periodistas, sin conocer, aseguró, la razón por la que el Ejecutivo no lo ha solicitado aún. "Es algo urgente", sostuvo, igual que "la reasignación de los fondos que todavía no están distribuidos". Quiere Valencia que esas ayudas se utilicen para hacer frente a los estragos de la DANA: "Esto es una emergencia nacional".

No ha querido hablar Catalá de plazos concretos, pero sí ha repetido que el Fondo Europeo de Solidaridad es lo más rápido que existe ahora mismo para que lleguen esas ayudas. "Si el Gobierno lo solicita ya, lo podemos tener disponible a lo largo del primer semestre del año", resumió la alcaldesa de Valencia, que además considera que los cálculos que ha hecho Moncloa en cuanto a cuantías de dinero se quedan cortos. Asimismo, ha matizado que el Ejecutivo, a su parecer, ha adoptado una actitud "pasiva" desde el inicio de la catástrofe.

La alcaldesa ha criticado, por otro lado "la absoluta falta de información y transparencia por parte del Gobierno de Sánchez sobre los fondos pos DANA". Pide que se cuente en todo momento con las ciudades y con los municipios afectados. "Es necesario que la voz municipal se tenga en cuenta a la hora de aprobar, programar y asignar los fondos europeos. Somos quienes sabemos cuáles son las necesidades de nuestras ciudades", ha transmitido la alcaldesa.

Precisamente este lunes la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han expresado también en la capital comunitaria que consideran insuficientes los 1.500 millones de euros del plan de recuperación que el Gobierno ha asignado para reparar los daños ocasionados por la DANA. "Los empresarios tenemos fortaleza y rigor para salir adelante, pero necesitamos que las administraciones se coordinen mejor, que no hagan competencia entre ellas y que no compitan por trasladar a la opinión pública quién es la primera en dar ayudas", lamentó el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha desestimado la petición de retrasar algún día o al menos unas horas su declaración como investigado para poder preparar su defensa tras la declaración de la denunciante.

El exdiputado había reiterado al juez su petición de aplazar su cita para poder preparar su defensa tras la declaración de la actriz, en la que esta podría aportar nueva información que no esté reflejada en su denuncia a preguntas de las partes, si bien el magistrado rechazó su petición.

La defensa de Errejón planteó la posibilidad de que el magistrado aplace su declaración un día, al 17 de enero, o a la semana siguiente. Incluso, alternativamente, que mantenga su comparecencia el 16 pero le conceda un margen de entre 30 y 60 minutos para entrevistarse con él.

La abogada de Errejón aludía al derecho de todo acusado de disponer del tiempo y facilidades para preparar su defensa y considera que si el juez vuelve a rechazar su petición se estarían vulnerando derechos del exdiputado.

En noviembre, el magistrado acordó archivar la causa hasta que la abogada de la denunciante regresase de su baja médica. El juez explicó que Mouliaá se había "negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza" por lo que "la consecuencia inevitable" era "la imposibilidad de la continuación del procedimiento". Un mes después, el juez estimó el recurso de reforma interpuesto por parte de la Fiscalía y por la defensa de Errejón, acordando reabrir la causa y citando a ambos para este jueves.

El exportavoz parlamentario de Sumar dimitió de todos sus cargos el pasado mes de octubre tras difundirse en redes denuncias anónimas que apuntarían a él. La actriz Elisa Mouilaá presentó ante la Policía una denuncia contra él en la que relató haber recibido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual en 2021. También lo hizo la exconcursante de Gran Hermano Aída Nízar, si bien su denuncia se archivó por prescripción.

Por todo ello, tanto desde Moncloa como desde el cuartel general del PSOE mantienen su "absoluta confianza" en el fiscal general del Estado. "Estamos en lo de siempre, perseguir a quien persigue el delito", señalan fuentes gubernamentales para defender a García Ortiz. Desde el PSOE sentencian que "no hay caso" y pronostican que se acabará archivando, respaldándose en que los periodistas que testificaron dijeron que lo tenían con anterioridad. Además, apuntan al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como presunto filtrador de los correos. "Con esos mimbres, total confianza en que la Justicia hará su labor y el caso se archivará", señalan fuentes de la Dirección socialista.

En concreto, el juez indica en su auto que el correo electrónico filtrado tuvo "salida" de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde dice que se hicieron "gestiones" para que acabara publicado, con el envío a Juan Lobato incluido. "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo del 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación elplural.com", explica. Sin embargo, desde Ferraz aseveran que en ninguna parte del auto ni en las testificales hay alguna prueba que señale esa filtración por parte del fiscal. Lo que sí que hay, a su juicio, es una "constatación" vía testigos de que el correo estaba circulando "por muchas manos" y "desde días antes".

Ferraz alude a los periodistas que en el Tribunal Supremo aseguraron que habían accedido al correo electrónico mucho antes de que lo tuviera el fiscal, es decir, antes de las 21:59 horas del 13 de marzo, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez Ángel Hurtado reconoce que "es cierto que dos de los testigos han mantenido haber tenido conocimiento del correo del 2 de febrero de 2024 con anterioridad, pero se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios que niega que así hubiera sido".

Frente a los mismos, el juez señala que hay "elementos objetivos que apuntan a que sólo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero es cuando tiene lugar su difusión. En definitiva, el instructor señala que aunque los periodistas que publicaron la información aseguran que disponían de ella antes de que la obtuviera el propio fiscal general, la publicaron una vez García Ortiz la tenía en sus manos, "lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".

En Ferraz siguen defendiendo que lo único que hizo García Ortiz fue enviar una nota de prensa para "arrojar verdad sobre el bulo" que se lanzó desde el entorno de Ayuso. "Esa verdad, a día de hoy, no ha sido refutada", remachan.

De hecho, insisten en que el propio jefe de gabinete de la presidenta madrileña fue el que "confesó en sede judicial que había filtrado correos a los medios". "Y eso no se investiga", se quejan desde la sede socialista en alusión a que Miguel Ángel Rodríguez reconoció haber difundido a través de un grupo de WhatsApp un correo que habría recibido el día 12 de marzo del propio Alberto González Amador. Eso sí, Rodríguez asegura que lo difundió después de que El Mundo hubiese publicado que la Fiscalía ofrecía un pacto a González Amador.

Según Miguel Ángel Rodríguez, él "desconocía" que había comunicaciones previas en las que el abogado de Amador era el que proponía el acuerdo y admitía los delitos de su cliente, por los que no las difundió él. Estas fueron publicadas en horas sucesivas y, según las deducciones de la UCO, el fiscal general del Estado pudo tener un "papel preeminente" en la filtración de las mismas.

El Gobierno no comparte que el fiscal declare en el TS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "respeta" pero no "comparte" que García Ortiz tenga que declarar en el Supremo como investigado en esta causa. "Desde la Fiscalía General del Estado lo único que se hizo es contestar en su caso a un bulo, a una noticia absolutamente errónea", ha fijado el ministro. Además, ha dicho que no cree que haya existido "ninguna revelación de secreto" salvo la de Miguel Ángel Rodríguez "haciendo referencia y filtrando que existía una causa por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental contra la pareja de Ayuso".

Marlaska ha defendido que, ante ello, García Ortiz "únicamente se limitó a referir que no había habido una propuesta de acuerdo por parte de la Fiscalía, sino que la propuesta de acuerdo venía de la defensa de la persona investigada".