El PSOE asegura que no hay "ni un solo indicio" de que Moncloa haya participado en la filtración de un correo electrónico confidencial en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce un presunto fraude fiscal, tal y como apunta el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. En el auto en el que cita como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el instructor apunta que desde Presidencia se hicieron "gestiones" para que el correo acabara publicado en los medios. Una "afirmación" que fuentes de Ferraz desdeñan por falta de "pruebas", al tiempo que defienden que el correo ya circulaba "por Madrid" antes de que García Ortiz lo tuviese.

Por todo ello, tanto desde Moncloa como desde el cuartel general del PSOE mantienen su "absoluta confianza" en el fiscal general del Estado. "Estamos en lo de siempre, perseguir a quien persigue el delito", señalan fuentes gubernamentales para defender a García Ortiz. Desde el PSOE sentencian que "no hay caso" y pronostican que se acabará archivando, respaldándose en que los periodistas que testificaron dijeron que lo tenían con anterioridad. Además, apuntan al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como presunto filtrador de los correos. "Con esos mimbres, total confianza en que la Justicia hará su labor y el caso se archivará", señalan fuentes de la Dirección socialista.

En concreto, el juez indica en su auto que el correo electrónico filtrado tuvo "salida" de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde dice que se hicieron "gestiones" para que acabara publicado, con el envío a Juan Lobato incluido. "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo del 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación elplural.com", explica. Sin embargo, desde Ferraz aseveran que en ninguna parte del auto ni en las testificales hay alguna prueba que señale esa filtración por parte del fiscal. Lo que sí que hay, a su juicio, es una "constatación" vía testigos de que el correo estaba circulando "por muchas manos" y "desde días antes". 

Ferraz alude a los periodistas que en el Tribunal Supremo aseguraron que habían accedido al correo electrónico mucho antes de que lo tuviera el fiscal, es decir, antes de las 21:59 horas del 13 de marzo, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez Ángel Hurtado reconoce que "es cierto que dos de los testigos han mantenido haber tenido conocimiento del correo del 2 de febrero de 2024 con anterioridad, pero se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios que niega que así hubiera sido".

Frente a los mismos, el juez señala que hay "elementos objetivos que apuntan a que sólo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero es cuando tiene lugar su difusión. En definitiva, el instructor señala que aunque los periodistas que publicaron la información aseguran que disponían de ella antes de que la obtuviera el propio fiscal general, la publicaron una vez García Ortiz la tenía en sus manos, "lo que debe llevar a mantener su condición de imputado".

En Ferraz siguen defendiendo que lo único que hizo García Ortiz fue enviar una nota de prensa para "arrojar verdad sobre el bulo" que se lanzó desde el entorno de Ayuso. "Esa verdad, a día de hoy, no ha sido refutada", remachan.

De hecho, insisten en que el propio jefe de gabinete de la presidenta madrileña fue el que "confesó en sede judicial que había filtrado correos a los medios". "Y eso no se investiga", se quejan desde la sede socialista en alusión a que Miguel Ángel Rodríguez reconoció haber difundido a través de un grupo de WhatsApp un correo que habría recibido el día 12 de marzo del propio Alberto González Amador. Eso sí, Rodríguez asegura que lo difundió después de que El Mundo hubiese publicado que la Fiscalía ofrecía un pacto a González Amador. 

Según Miguel Ángel Rodríguez, él "desconocía" que había comunicaciones previas en las que el abogado de Amador era el que proponía el acuerdo y admitía los delitos de su cliente, por los que no las difundió él. Estas fueron publicadas en horas sucesivas y, según las deducciones de la UCO, el fiscal general del Estado pudo tener un "papel preeminente" en la filtración de las mismas.

El Gobierno no comparte que el fiscal declare en el TS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "respeta" pero no "comparte" que García Ortiz tenga que declarar en el Supremo como investigado en esta causa. "Desde la Fiscalía General del Estado lo único que se hizo es contestar en su caso a un bulo, a una noticia absolutamente errónea", ha fijado el ministro. Además, ha dicho que no cree que haya existido "ninguna revelación de secreto" salvo la de Miguel Ángel Rodríguez "haciendo referencia y filtrando que existía una causa por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental contra la pareja de Ayuso". 

Marlaska ha defendido que, ante ello, García Ortiz "únicamente se limitó a referir que no había habido una propuesta de acuerdo por parte de la Fiscalía, sino que la propuesta de acuerdo venía de la defensa de la persona investigada".