Kenneth Garschina, cofundador de Mason Capital Management, ha alertado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España sobre la "grave falta de transparencia" de Grifols, en un intento por promover una reestructuración de su consejo de administración. Garschina, quien desde septiembre ha liderado una ofensiva contra la dirección de la farmacéutica, exige que Grifols revele los honorarios pagados al bufete de abogados Osborne Clarke, cofundado por el miembro del consejo Tomás Daga.
"Los accionistas deben conocer los detalles de la remuneración de Tomás Daga a través de Osborne Clarke España, dado que, según Grifols, él ‘lideró’ importantes transacciones desde su puesto en el consejo de la compañía", señaló Garschina en una carta dirigida a Carlos San Basilio, presidente de la CNMV, a la que tuvo acceso Bloomberg. "La dependencia de un único asesor plantea serias preocupaciones de gobernanza", añadió. Ni la CNMV ni Grifols han comentado sobre estas declaraciones.
Grifols, especializada en productos derivados del plasma, atraviesa un periodo complicado tras un ataque del fondo bajistan Gotham el año pasado que desplomó sus acciones. Las dudas sobre sus perspectivas se han intensificado por rebajas en su calificación crediticia y una comunicación deficiente sobre la generación de efectivo. Además, la fallida oferta de adquisición por parte de Brookfield Asset Management ha aumentado el escepticismo de los inversores.
Accionistas minoritarios, como Mason Capital, han elevado sus críticas a la gestión de la empresa, solicitando cambios profundos en su consejo. Entre las peticiones destaca la revelación de los pagos realizados a Osborne Clarke en los últimos 15 años y los honorarios específicos recibidos por Daga. Mason también ha pedido detalles sobre la participación de Daga en Osborne Clarke y Scranton Enterprises, un vehículo de inversión vinculado a antiguos ejecutivos de Grifols y propietario del segundo mayor paquete accionarial.
Emisión de bonos en la mira
En su carta, Garschina también cuestionó la emisión de un bono en diciembre, señalando que sus términos permiten que solo Brookfield o una filial puedan redimir la deuda en los primeros seis meses. Según el inversor, esta cláusula, junto con un interés del 7,125%, podría haber sido diseñada para beneficiar a Brookfield en perjuicio de los accionistas, lo que constituiría una "clara violación del deber fiduciario del consejo".
Grifols utilizó los 1.300 millones de euros recaudados en esta colocación de deuda privada para cancelar bonos que vencían en enero y amortizar préstamos previstos para este año. Esta operación llevó a S&P Global Ratings a mejorar la calificación crediticia de la empresa, provocando un alza del 12% en sus acciones el mismo día.
Primeros cambios en el consejo
Una de las exigencias de Mason se cumplió en diciembre, cuando Grifols nombró a Paul S. Herendeen como consejero propietario, propuesta que también contaba con el respaldo de Sachem Head Capital Management y Flat Footed. Este último grupo también ha solicitado públicamente una reforma integral del consejo. A pesar de estas medidas, las acciones de Grifols cayeron un 3,1% el viernes en Madrid, cotizando a 8,78 euros, ligeramente por debajo del nivel registrado hace un año, cuando comenzó a lidiar con el impacto del informe bajista.
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